«En Barcelona se señalan los juicios con un año o año y medio de diferencia desde la interposición de la demanda, y somos unos afortunados»

El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia plaza 2, actual denominación de lo que antes era el 2 de Coslada, que es mixto, se ha visto abocado a cerrar parcialmente su oficina civil. Ha bajado la chapa para los asuntos civiles que no afecten a urgencias.

En concreto, mediante providencia de 14 de diciembre de 2023, ha decidido “suspender todos los procedimientos civiles a excepción de los asuntos de familia, incapacidades, internamientos y desahucios en los que la parte actora sea persona física”. La misma resolución ha sido dictada en todo el resto de procedimientos civiles no exceptuados.

El juzgado ha efectuado el alarde anual, que es una especie de inventario de los asuntos pendientes de cada sala. Los juzgados mixtos (que llevan asuntos de instrucción y civiles) van con la lengua fuera. Faltan juzgados, jueces, personal, instalaciones. Y no faltan pocos.

La reforma de la justicia ha sido totalmente ignorada desde el principio del Estado de derecho en 1978. Empezando por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, tan cacareada por Alfonso Guerra con aquellos aires de suficiencia y levantamiento de ceja cuando dijo, muy ufano él, aquello de “Montesquieu ha muerto”.

Se refería a la eliminación de la independencia judicial por cuanto los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado), que designan a los vocales para un periodo de cinco años.

De los 20 vocales, 12 deben ser jueces o magistrados y otros ocho juristas de reconocida competencia. Uno de los vocales fue el difunto y condenado por cohecho magistrado Luis Pascual Estevill. Juzguen ustedes mismos si ese señor tenía reconocida competencia…

El alarde del Juzgado 2 de Coslada es consecuencia del acoplamiento de la polémica Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. A efectos directos del engendro legislativo que es la citada ley, el primer perjudicado es el público que debe pleitear.

La más polémica de esas medidas es la de instaurar la obligatoriedad de interponer lo que se conoce por MASC; es decir, Medios Adecuados para la Solución de Controversias. Se trata de enviar al contrario una propuesta de acuerdo e intentar arreglarlo por las buenas.

Se creerá el Gobierno que a los abogados, como interlocutores de los clientes, no nos interesa más arreglar la controversia antes de iniciar un procedimiento judicial… Se creerá el Gobierno que, hoy por hoy, prácticamente todas las demandas no vienen ya con un requerimiento previo intentando ese pacto previo…

Con los MASC tan solo se ha retrasado y encarecido el acceso a la justicia. Únicamente nos encontramos con un requisito de procedibilidad para el acceso a la justicia. Solo en Barcelona, el día antes de la entrada en vigor de la obligación de los MASC (3 de abril de 2025), el Juzgado Decano de nuestra ciudad recibió un aluvión de 20.000 demandas civiles. ¿Resultado? Colapso total.

Se retrasan las cosas un mes y el retraso judicial sigue avanzando. Hay jueces que ya ni aparecen por su juzgado, tan solo para los dos actos procesales obligados en los procedimientos civiles: la audiencia previa y la vista del juicio.

En Barcelona se señalan los juicios con un año o año y medio de diferencia desde la interposición de la demanda. Y somos unos afortunados. En Sevilla, la media para el señalamiento de la audiencia previa a la vista del juicio se está alargando casi dos años. En Madrid tengo una apelación interpuesta desde hace más de dos años y no tengo ni fecha para la votación y fallo. En Vilafranca del Penedès he tardado casi un año en que se despache la primera citación, la del emplazamiento, al demandado.

Con esa ley, Bolaños (aka “Tancredo Bolaños”) ha cambiado la denominación y ampliado la competencia de la Audiencia Nacional también a asuntos civiles, pero sin haberlos creado aún. Por el contrario, siguen existiendo los mismos y escasos seis juzgados centrales de instrucción y una única sala de lo penal con dos secciones para enjuiciar los asuntos penales.

Con lo cual, además de la zozobra del procedimiento en sí, la víctima y el acusado, sufren lo que en argot judicial se viene denominando la “pena de banquillo”. Es decir, estar sufriendo un proceso larguísimo sin poder vislumbrar el final.

Y una vez que se llega a ese final, se abre la puerta del averno de la ejecución. Por seguir en la Audiencia Nacional, nos encontramos con una única sección de ejecutorias con unos casi 20 funcionarios y dos letrados de Administración de justicia que no dan abasto para cubrir todo el ámbito nacional. La justicia que no es rápida, no es justicia. Para ninguna de las partes.

Mi hija me ha dado una reflexión del filósofo Javier Hervada: “Una de las condiciones de la ley es que se adapte a la realidad social. Y la realidad social debe estar delimitada por la ley”. Pero no hay dinero ni voluntad para reformar y ampliar la Administración de justicia.

Siendo un Gobierno tan social, digo yo que una de las principales necesidades básicas –y sociales– de la ciudadanía (por usar el término empleado por el des-Gobierno) es poder gozar de una Administración de justicia ágil. Pero, claro, la reforma de la siempre áspera justicia no compra votos.

Los votos los conseguía la Paqui haciendo felices a los dependientes de El Corte Inglés con la tarjeta de Servinabar. Los votos se obtienen anunciando ayudas y pagas, aunque dos de cada tres personas en situación de pobreza extrema no reciben dichas ayudas o en La Palma sigan viviendo en barracones.

Los votos surgen de las subvenciones a asociaciones de activistas desnortados que luego deben ser repatriados. O dándoselo a sindicatos o partidos que se manifiestan cuando suena el teléfono para deslegitimar a los magistrados que condenan a todo un fiscal general con la pena mínima (dos años de inhabilitación).

Esos mismos indignados ciudadanos olvidan que fue la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo y que dos magistrados (Juan Ramón Verdugo y Antonio del Moral) de la condena a Álvaro García Ortiz fueron los mismos que, en 2020, condenaron a Francisco Correa y Pablo Crespo a penas de hasta 51 años y 37 años y medio de prisión respectivamente, y a Luis Bárcenas a 29 años por el caso Gürtel.

Que yo recuerde ni un solo político de ningún color se empecinó entonces en sostener la inocencia de los condenados por la Gürtel ni pidió que el pueblo saliera a la calle tal como ha hecho Yolanda Díaz imitando el “apreteu, apreteu” de Torra.

Menos mal que en España hay tantos entrenadores de fútbol de barra de bar como juristas del taxi: todos opinan sin tener ni la más mínima formación sólida futbolística ni jurídica. El hecho de haber jugado al fútbol o haber participado de alguna manera en un juicio no te concede ni el título de entrenador ni la licenciatura en Derecho.

En 1969, en la Universidad de Stanford (EEUU), el profesor Philip Zimpardo realizó un experimento de psicología social. Dejó dos coches abandonados en la calle: vehículos idénticos, misma marca, modelo y hasta color. Uno de ellos lo dejó en el Bronx, para ese entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York, y el otro vehículo en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. El coche abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio, etcétera. Se llevaron todo lo aprovechable. Lo que no pudieron fue destruido. En cambio, el coche abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Cuando el coche abandonado en el barrio conflictivo ya estaba deshecho y el del barrio de alto nivel llevaba una semana impecable, los investigadores rompieron una luneta del automóvil del barrio caro. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el otro barrio, y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio conflictivo.

Vamos, lo que en castellano rancio se ha venido en definir como aquello de “quien no acude a la gotera, acude a la casa entera”.

Un alcalde de una todavía flamante Barcelona postolímpica (finales de los 90 e inicios de los 2000) prohibió tajantemente que se detuviera, filiara, cargara o tocara a ningún “okupa” de la zona de Gracia, que es donde comenzó el fenómeno de la ocupación en Barcelona. El motivo era personal: su hijo era okupa en ese barrio barcelonés y consiguió anular toda una Cumbre Internacional de Ministros de Vivienda en nuestra ciudad. Como palmero del alcalde estaba un director general de un organismo autonómico cuyo hijo, también okupa, era compañero del “rorro” del alcalde.

Desde entonces hasta ahora, el fenómeno okupa y su violencia han ido creciendo de forma impune. La izquierda lo ha consentido e incluso utilizado para agitar la calle (“Nos conviene que haya tensión”, de Zapatero, o el “Apreteu, apreteu”, de Torra).

Por su parte, el movimiento okupa se ha ido nutriendo de profesionales nacionales y foráneos de la agitación. Su santo grial fue el desalojo de 1996 del cine Princesa, con 200 agentes de la Policía Nacional. Hasta bien entrada la madrugada, la policía estuvo asaltando la zona con escaleras y tirando pelotas de goma, para ganar terreno y una batalla campal que acabó con casi medio centenar de heridos y una veintena de detenidos. Luego llegaron Can Vies de Sants; el banco “expropiado” y “Ca la Trava” de Gracia; el “Kubo” y la “Ruina”, en la Bonanova… En Buen Pastor o Zona Franca nunca hay bronca de esa clase, qué curioso…

La furia de la agitación alternativa se empieza a notar con el sacrosanto lema de “Ca la Trava no se toca”. O “El Kubo no se toca”. Da igual de lo que se trate: “lo que sea no se toca”. Es una prohibición que, bien mirado, es un contrasentido con las banderas, pintadas y sentir anarquistas que suele emplear esa clase de personal. Estética entre progre y punk de andar por casa; irascibilidad contra el mundo; internacionalización de su propia organización… Ya saben: el revival londinense de los 70, pero en cutre.

Barcelona volvió a aparecer en los medios internacionales con los graves disturbios de 2019: barricadas, mobiliario urbano destrozado, baldosas de la calle arrancadas y usadas como armas, contenedores quemados, hogueras, cócteles molotov, etc… Entre los supuestos manifestantes independentistas pude fotografiar a bastante personal con esa estética okupa tan peculiar. La cosa acabó languideciendo con los 25 yayoflautas que durante años cortaron la entrada y salida de Barcelona por la Meridiana. Bendecidos con el beneplácito de la Generalitat y la eterna niña del bautizo que fue Inmaculada Colau, la activista antiespeculación de la vivienda e hija de una especuladora inmobiliaria, residente en la calle Córcega del Ensanche Derecho barcelonés.

Como hace años que no había bronca gorda en Barcelona y tan sólo nos distinguimos por ser la ciudad más insegura de España (según Índice de Criminalidad por País 2025, elaborado por Numbeo), los activistas de siempre han aprovechado la huelga convocada por los bien regados sindicatos CCOO y UGT para volverla a liar parda. Lo que en el resto de España ha sido una manifestación pacífica y más bien pobre, en la Ciudad Condal ha acabado en lo de siempre: barricadas, contenedores ardiendo, lanzamiento de piedras y bengalas, vandalismo y destrozo de comercios. En menor medida, en Manresa y en Valencia. El Free Ballantine -perdón, Palestine- que han venido enarbolando los de la Flotilla Maravilla a bordo de los Love Boat de crucerito de un mes largo, pero con bronca.

Los destrozos urbanos los pagamos los barceloneses con nuestros impuestos municipales. ¿Pero de dónde sacan el ‘parné’ los organizadores de todo esto? Por parte de CCOO, UGT e IAC (Alternativa Sindical de Cataluña), la mayoría de la pasta viene de las subvenciones del Gobierno. En cuanto al resto de organizaciones convocantes: COS (Confederación Obrera Sindical), Intersindical de Cataluña, los comunistas de Co.Bas y los anarquistas de Solidaridad Obrera se autofinancian con donaciones sin que tengan que rendir cuentas de su origen al no ser un partido político. ¿Y la Fiscalía Anticorrupción?

La Ley 19/2020 de la Generalitat de Cataluña, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación tiene como objetivo garantizar el derecho a la igualdad y combatir cualquier discriminación por motivos como origen territorial, sexo, raza, edad, orientación sexual, religión, discapacidad, entre otros. Si los vándalos de siempre destrozan la ciudad, ¿por qué la Generalitat de Cataluña no obliga a la inane «Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación” a hacer algo por una vez en su existencia? Según esa ley, son infracciones muy graves los actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple, así como la facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o tecnológicos a las personas y los grupos que promuevan cualquier forma de discriminación.

También son infracciones muy graves la convocatoria de espectáculos públicos, actividades recreativas, eventos políticos, manifestaciones o reuniones públicas de cualquier índole que tengan un carácter discriminatorio en tanto que en ellos se atente contra la igualdad de trato o se vulnere la dignidad de las personas, se practiquen o promuevan conductas de intolerancia, de odio o de violencia o se incite a cualquier forma de discriminación.

Según la misma ley, si una infracción es imputable a varias personas y no es posible determinar el grado de participación de cada una en la comisión de la infracción, deben responder solidariamente. La multa puede ir hasta los 500.000 euros.

¿De verdad los barceloneses estamos dispuestos a ser el campo de batalla de esta gentuza? Si la Generalitat promulga una ley y crea un organismo para su cumplimento y no lo hace servir, ¿por qué lo debemos sostener económicamente?

¿Para esto queremos una autonomía o algunos la independencia?

«El riesgo carcelario (no por años de condena, sino por facilidad para ser condenado) es mayor para la estafa que para el asesinato»

No existe una definición oficial de lo que es un asesino en serie. La concreción más aproximada la dio el agente especial del FBI Robert Ressler en los años 1970, y designa a un individuo que asesina a tres o más personas​ en un lapso de 30 días o más, con un intervalo de tiempo y/o espera entre cada asesinato, y cuya motivación usual es la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen, aunque no necesariamente la única. Es decir, un zumbado que pela gente en periodos mínimos de 30 días y cuya matanza se puede dilatar en el tiempo hasta que lo pillan o se entrega. Al necesitar un móvil psicológico, quedan excluidos los sicarios.

No debemos confundir a los asesinos en serie con los asesinos en masa, que son aquellos que cometen múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Por ejemplo, los genocidas o los que se lían a tiros en una escuela en lo más profundo de Estados Unidos. Tampoco caben los asesinos itinerantes, que son los que cometen múltiples asesinatos en diferentes lugares, dentro de un período que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. A diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos. O sea, el que va y viene y por el camino se entretiene…

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El asesino en serie es un clásico de la crónica negra o de sucesos, denominación más exacta. Me niego a usar la cursilería de “true crime”. El inglés, idioma comparativamente bastante escaso de precisión en su vocabulario, se queda muy corto. Les conviene a ciertas estrellitas del reporterismo cutre y buenista para envolver sus carencias lingüísticas (algunos incluso usan “negros” para escribir sus éxitos literarios). La palabra inglesa “crime” significa crimen. Y crimen es cualquier clase de delito. Por tanto, el “true crime” o “crimen real” se puede aplicar tanto al crimen de sangre y viscerilla como a la corrupción, robo, estafa, etcétera. Quizás sea por los años que llevo relacionándome con autores y víctimas, el motivo por el que particularmente considero que el rey de los crímenes es la estafa; incluso su hermano pequeño, el timo. La estafa requiere una inteligencia, una preparación y una puesta en escena mucho más compleja que el asesinato. Sin olvidar el robo butronero, aunque ese necesita más ingeniería que psicología y “mise en scène”.

En los 90, tuve un cliente que mientras esperábamos pacientemente a ser llamados para entonar una declaración judicial (que ya teníamos más que sabida por repetida), desfiló -a paso ligero y con airado porte- un financiero catalán muy de moda en aquella época y que encaminaba sus pasos hacia nuestro mismo Juzgado.

El plutócrata era algo gorderas, con los ojos azules, cara de no haber roto un plato jamás… Lo más veteranos sabrán suponer a qué señor me refiero. Bien, pues cuando llegó a la altura en la que mi cliente y yo nos encontrábamos, mi defendido me propinó un codazo y, con el mismo tono de rendido fan quinceañero que ve a su ídolo descender del escenario, soltó admirado: “¡Es él!” Acto seguido se levantó y le gritó “¡Maeeestrooooo!”. Un chorizo roba 1.000 euros. Un estafador obtiene 100.000 euros. Un financiero hace que los demás inviertan millones de euros en negocios que sólo lo son para ese mismo financiero. La diferencia es que en muy pocas ocasiones se obtiene el retorno del dinero.

Volviendo al tema, debemos aceptar que las “matancias” (que decía mi hija de pequeña) tienen más atractivo. Se piensa menos y la ecuación es más sencilla: A mata a B, C, D, etc… No hay más: los asesinatos son al crimen lo que los mensajes de la red X (antiguo Twitter) a la literatura. Eso sí, para el común, contra más truculenta sea la muerte, mejor. ¿Motivos para dicha fascinación? Pues lo mismo que los culos: cada uno tiene el suyo. Quizás el denominador común sea lo inexplicable que para el público puedan ser las vueltas de cada personalidad. El atractivo de lo desconocido. También puede que, para algunos, se dé un cierto punto de admiración hacia aquel que se atreve a dar matarile a unos y otros. Hay bastante psicópata socialmente adaptado.

Muchos -no todos- de los asesinos en serie tienen algo en común con la ludopatía: buscan perder. En su caso, que los detengan. Puede que sea porque bastantes consiguen eludir la responsabilidad penal alegando flojera mental (técnicamente, sería un inimputable: aquel que por una serie de circunstancias técnicas no puede ser acusado). El estafador, no; su objetivo es alzarse con el pastizal y que no lo trinquen porque es muy consciente de lo que está haciendo. Lo cual abona mi tesis de la complejidad entre una y otra clase de crimen: el riesgo carcelario (no por años de condena, sino por facilidad para ser condenado) es mayor para la estafa que para el asesinato. Por ende, en muchas ocasiones, el estafado prefiere callar que reconocer su codicia e ingenuidad; sobre todo a partir de ciertos niveles sociales, de las cantidades desplazadas o del origen de los fondos (si es dinero blanco o negro). Ni en un caso ni en otro hay estadísticas proporcionales.

Rascando en la red, he averiguado que, en 2020, EEUU tuvo 3.613 asesinos en serie reconocidos sobre una población de 331.500.000 habitantes. Implica un 0’00010% de asesinos en serie.

En el mismo año, Reino Unido tuvo 176 “serial killers” sobre una población de 66.740.000 habitantes. Un 0’00026 %. Por tanto, los británicos se erigen en líderes del mundo occidental en cuestión de asesinos en serie. Si Dios los puso en una isla tan desapacible debió ser por algo…

En el mismo año, en Francia hubo 14 para una población de 60.200.000 habitantes. Lo que equivale a 0’000023 % de asesinos en serie para la población francesa de ese año. Cuatro de ellos fueron mujeres con bastantes muertes a sus espaldas. Francia siempre a la cabeza de la “égalité”…

En España, en el mismo periodo y con 40.570.000 habitantes, solo tuvimos cuatro asesinos en serie. Un 0’0000098 % sobre nuestra población de entonces. En España, lo que se dice en serie, matamos poco. Uno de esos cuatro, en realidad es inglés, aunque parte de sus crímenes los cometió en España. Otra dio pasavolante a toda su familia en cuatro años y todos mediante veneno. Pero no mató a nadie que no fuera esposo e hijos. El tercero obró igual: se “limitó” a su primera mujer e hijo y a la segunda esposa y al cuñado (es que hay “cuñados” que se lo buscan solitos). Solo el cuarto salió del ámbito familiar y liquidó a gente ajena a ese círculo. ¿Cabe considerar a España como la cuna de una nueva especialidad: el asesino en serie de familia? Algo así como el médico especialista o el internista, pues el asesino en serie de cabecera…