«Los destrozos urbanos los pagamos los barceloneses con nuestros impuestos municipales. ¿Pero de dónde sacan el ‘parné’ los organizadores de todo esto?»

En 1969, en la Universidad de Stanford (EEUU), el profesor Philip Zimpardo realizó un experimento de psicología social. Dejó dos coches abandonados en la calle: vehículos idénticos, misma marca, modelo y hasta color. Uno de ellos lo dejó en el Bronx, para ese entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York, y el otro vehículo en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. El coche abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio, etcétera. Se llevaron todo lo aprovechable. Lo que no pudieron fue destruido. En cambio, el coche abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Cuando el coche abandonado en el barrio conflictivo ya estaba deshecho y el del barrio de alto nivel llevaba una semana impecable, los investigadores rompieron una luneta del automóvil del barrio caro. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el otro barrio, y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio conflictivo.

Vamos, lo que en castellano rancio se ha venido en definir como aquello de “quien no acude a la gotera, acude a la casa entera”.

Un alcalde de una todavía flamante Barcelona postolímpica (finales de los 90 e inicios de los 2000) prohibió tajantemente que se detuviera, filiara, cargara o tocara a ningún “okupa” de la zona de Gracia, que es donde comenzó el fenómeno de la ocupación en Barcelona. El motivo era personal: su hijo era okupa en ese barrio barcelonés y consiguió anular toda una Cumbre Internacional de Ministros de Vivienda en nuestra ciudad. Como palmero del alcalde estaba un director general de un organismo autonómico cuyo hijo, también okupa, era compañero del “rorro” del alcalde.

Desde entonces hasta ahora, el fenómeno okupa y su violencia han ido creciendo de forma impune. La izquierda lo ha consentido e incluso utilizado para agitar la calle (“Nos conviene que haya tensión”, de Zapatero, o el “Apreteu, apreteu”, de Torra).

Por su parte, el movimiento okupa se ha ido nutriendo de profesionales nacionales y foráneos de la agitación. Su santo grial fue el desalojo de 1996 del cine Princesa, con 200 agentes de la Policía Nacional. Hasta bien entrada la madrugada, la policía estuvo asaltando la zona con escaleras y tirando pelotas de goma, para ganar terreno y una batalla campal que acabó con casi medio centenar de heridos y una veintena de detenidos. Luego llegaron Can Vies de Sants; el banco “expropiado” y “Ca la Trava” de Gracia; el “Kubo” y la “Ruina”, en la Bonanova… En Buen Pastor o Zona Franca nunca hay bronca de esa clase, qué curioso…

La furia de la agitación alternativa se empieza a notar con el sacrosanto lema de “Ca la Trava no se toca”. O “El Kubo no se toca”. Da igual de lo que se trate: “lo que sea no se toca”. Es una prohibición que, bien mirado, es un contrasentido con las banderas, pintadas y sentir anarquistas que suele emplear esa clase de personal. Estética entre progre y punk de andar por casa; irascibilidad contra el mundo; internacionalización de su propia organización… Ya saben: el revival londinense de los 70, pero en cutre.

Barcelona volvió a aparecer en los medios internacionales con los graves disturbios de 2019: barricadas, mobiliario urbano destrozado, baldosas de la calle arrancadas y usadas como armas, contenedores quemados, hogueras, cócteles molotov, etc… Entre los supuestos manifestantes independentistas pude fotografiar a bastante personal con esa estética okupa tan peculiar. La cosa acabó languideciendo con los 25 yayoflautas que durante años cortaron la entrada y salida de Barcelona por la Meridiana. Bendecidos con el beneplácito de la Generalitat y la eterna niña del bautizo que fue Inmaculada Colau, la activista antiespeculación de la vivienda e hija de una especuladora inmobiliaria, residente en la calle Córcega del Ensanche Derecho barcelonés.

Como hace años que no había bronca gorda en Barcelona y tan sólo nos distinguimos por ser la ciudad más insegura de España (según Índice de Criminalidad por País 2025, elaborado por Numbeo), los activistas de siempre han aprovechado la huelga convocada por los bien regados sindicatos CCOO y UGT para volverla a liar parda. Lo que en el resto de España ha sido una manifestación pacífica y más bien pobre, en la Ciudad Condal ha acabado en lo de siempre: barricadas, contenedores ardiendo, lanzamiento de piedras y bengalas, vandalismo y destrozo de comercios. En menor medida, en Manresa y en Valencia. El Free Ballantine -perdón, Palestine- que han venido enarbolando los de la Flotilla Maravilla a bordo de los Love Boat de crucerito de un mes largo, pero con bronca.

Los destrozos urbanos los pagamos los barceloneses con nuestros impuestos municipales. ¿Pero de dónde sacan el ‘parné’ los organizadores de todo esto? Por parte de CCOO, UGT e IAC (Alternativa Sindical de Cataluña), la mayoría de la pasta viene de las subvenciones del Gobierno. En cuanto al resto de organizaciones convocantes: COS (Confederación Obrera Sindical), Intersindical de Cataluña, los comunistas de Co.Bas y los anarquistas de Solidaridad Obrera se autofinancian con donaciones sin que tengan que rendir cuentas de su origen al no ser un partido político. ¿Y la Fiscalía Anticorrupción?

La Ley 19/2020 de la Generalitat de Cataluña, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación tiene como objetivo garantizar el derecho a la igualdad y combatir cualquier discriminación por motivos como origen territorial, sexo, raza, edad, orientación sexual, religión, discapacidad, entre otros. Si los vándalos de siempre destrozan la ciudad, ¿por qué la Generalitat de Cataluña no obliga a la inane «Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación” a hacer algo por una vez en su existencia? Según esa ley, son infracciones muy graves los actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple, así como la facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o tecnológicos a las personas y los grupos que promuevan cualquier forma de discriminación.

También son infracciones muy graves la convocatoria de espectáculos públicos, actividades recreativas, eventos políticos, manifestaciones o reuniones públicas de cualquier índole que tengan un carácter discriminatorio en tanto que en ellos se atente contra la igualdad de trato o se vulnere la dignidad de las personas, se practiquen o promuevan conductas de intolerancia, de odio o de violencia o se incite a cualquier forma de discriminación.

Según la misma ley, si una infracción es imputable a varias personas y no es posible determinar el grado de participación de cada una en la comisión de la infracción, deben responder solidariamente. La multa puede ir hasta los 500.000 euros.

¿De verdad los barceloneses estamos dispuestos a ser el campo de batalla de esta gentuza? Si la Generalitat promulga una ley y crea un organismo para su cumplimento y no lo hace servir, ¿por qué lo debemos sostener económicamente?

¿Para esto queremos una autonomía o algunos la independencia?